El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo Víctor Venamir Vivas Vivas, integrante de la comitiva de Magistrados de Tribunales Electorales de las entidades federativas, encabezados por el Magistrado José Miguel Salcido Romero, Presidente de la “Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A. C.” (ATSERM) sostuvieron una reunión de trabajo con los senadores de las Juntas Directivas de las Comisiones de: Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado y Estudios Legislativos, para darles a conocer a los Senadores los puntos de vista que como servidores electorales en el ámbito jurisdiccional sostienen con respecto a la posible desaparición de los órganos electorales locales.

En su calidad de asociados en la ATSERM, motivados por las diversas iniciativas de modificaciones a la Constitución General de la República Mexicana sobre los órganos encargados de la organización y desarrollo de los comicios locales en los ámbitos federal y de las entidades federativas, impulsaron la reunión celebrada este día, a partir de las 10:00 horas, con los integrantes de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Los representantes de los órganos jurisdiccionales, defendieron la labor de los tribunales locales; negaron las acusaciones sobre la intromisión de Gobernadores; y criticaron al Pacto por México.

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Tribunales Electorales del país, señaló: la reforma no tiene justificación ni presupuestal ni política. Y aseveró que los resultados de los 14 procesos electorales efectuados en igual número de estados, obtuvieron un promedio de 95 por ciento de resoluciones firmes y confirmadas por las instancias regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se pronunció en contra de la propuesta de crear el Instituto Nacional de Elecciones (INE), lo que implicaría la desaparición de los órganos estatales.

Los Magistrados entre otros puntos de vista, consideraron como alarmante la sobrecarga de trabajo del nuevo Instituto, que incluiría la administración del financiamiento público local, 32 sistemas de candidaturas ciudadanas sujetas a la legislación local, más de 400 elecciones de usos y costumbre, 32 sistemas de representación proporcional para diputados y regidores, así como la resolución de procedimientos sancionadores en 4 mil procedimientos locales. Señalando destacadamente que la reforma no sólo se trata de centralizar la función, sino de tener la capacidad para operar este cúmulo de atribuciones, mismos que muy probablemente puedan colapsar al órgano electoral.

Asimismo se subrayó ante los Senadores la duda de que un solo tribunal pueda resolver, en los plazos perentorios y antes de la finalización del proceso, los miles de medios y recursos de impugnación que se concentrarán, destacando que, de aprobarse la reforma, se reducirán las instancias de acceso a la justicia.

También se indicó que la propuesta deriva de un documento de carácter político y su traducción a la práctica no necesariamente le confiere viabilidad técnico jurídica y ni siquiera política, dejando asentado que con la concentración de facultades, el nuevo tribunal de justicia electoral tendrá un aumento de 298 por ciento de actividad y el impacto presupuestal por la desaparición de los tribunales locales seria de apenas un 35 por ciento.