Chetumal, Q. Roo a 09 de junio de 2020.- La Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca participó en la conferencia virtual el "Derecho Electoral Sancionador Mexicano: Procedimiento Especial para asuntos de violencia política contra la mujer", impartido por Concepción Espinosa Armengol, Magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco.
La conferencia fue organizada por el Instituto Prometeo de Tabasco -Centro Académico para la Investigación y Divulgación de las Ciencias Humanas y Naturales- en el que también participaron la Magistrada Electoral, Yolidabey Alvarado de la Cruz y el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, Rigoberto Riley Mata Villanueva; así como Francisco Javier Ac Ordóñez, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche estuvo en esta conferencia virtual.
La Magistrada Concepción Espinosa Armengol dijo que con la inclusión de la paridad de género para que las mujeres tuvieran espacios, la violencia política en razón de género se acrecentó, es decir, que a mayor número de mujeres en cargos públicos y dedicados a la política, se ha incrementado la violencia política contra las mujeres.
Destacó que, en 2014, con la creación del INE a través de la Reforma Constitucional y Legal se estableció que el órgano administrativo electoral le correspondería investigar, sustanciar e integrar el expediente de los Procedimientos Especiales Sancionadores para posteriormente remitirlo a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es el órgano competente para resolver el fondo de la queja o denuncia.
Dio a conocer que en la jornada electoral 2017-2018 los altos índices de violencia contra las mujeres se vieron reflejados pues de 106 políticas y candidatas agredidas, el 59% pertenecían al ambito municipal, el 29% al nivel estatal y el 12% al nivel federal.
Informó que 12 de los 32 Estados han armonizado sus leyes con las reformas federales del pasado 14 de abril de 2020, en la que se modificaron y adicionaron diversas disposiciones jurídicas -ocho legislaciones- que configuran a rango de ley la Violencia Política en Razón de Género en el ámbito democrático y permitirá que se denuncie por la vía penal, administrativa y electoral.