Imparten la conferencia “Blindaje Electoral y equidad en la contienda” a servidores públicos del Municipio de Cozumel

Chetumal, Quintana Roo a 22 de enero de 2021.- El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas impartió la conferencia “Blindaje Electoral y equidad en la contienda” a servidores públicos del Ayuntamiento de Cozumel.

Dijo que en el proceso electoral de este año, se renovaran a las y los integrantes de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo, es decir, 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas, 117 regidurías y de manera concurrente, 4 diputados federales.

“Es importante que como servidores públicos conozcan sus derechos y obligaciones en los procesos electorales y si van a buscar su reelección sepan que está permitido y qué no”, afirmó.

Señaló que como persona que presta un servicio público, debe evitar cometer un delito electoral y entre lo qué no debe hacer esta: Obligar al personal subordinado a asistir a eventos proselitistas, obligar al personal subordinado a votar o abstenerse de votar por alguna opción electoral, condicionar cualquier servicio o programa gubernamental con fi¬nes político – electorales, utilizar los recursos o instalaciones públicas con fines político – electorales, apoyar alguna opción electoral durante el horario laboral, solicitar a las personas subordinadas aportaciones para apoyar alguna opción electoral y negarse a proporcionar la información solicitada por las autoridades electorales.
Advirtió que estas conductas son sancionadas con destitución, inhabilitación de 2 a 6 años para ejercer cargos públicos, multa de 200 a 400 días y prisión de 2 a 9 años.

Recordó que en el Proceso Electoral 2018, la otrora FEPADE diseñó e implementó una Estrategia Nacional de Blindaje Electoral (ENBE), que permitió contar con un Programa Nacional de Blindaje Electoral (PNBE) homogéneo en todo el país, para prevenir la comisión de delitos electorales por parte de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

Dijo que la ENBE consiste en una serie de acciones preventivas, que tiene como objetivo dar a conocer a los servidores públicos sus derechos y obligaciones relacionados con las elecciones, así como inhibir la comisión de delitos electorales.

Asimismo, informó que la instrumentación del PNBE, generó un impacto positivo en el desarrollo de los procesos electorales, y de acuerdo a cifras de la Base de Datos de la Dirección General de Averiguaciones Previas, el número de investigaciones iniciadas por denuncias en contra de servidores públicos durante los últimos 4 procesos electorales presidenciales fueron las siguientes: en 1999-2000 se presentaron 290; en 2005-206 un total de 750; en 2011-2012 se interpusieron 370 y en 2017-2018 únicamente se registraron 54.