En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género
Chetumal, Quintana Roo a 07 de diciembre de 2021.- La Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Claudia Carrillo Gasca participó como ponente en el Ciclo de Mesas de Análisis de Sentencias, que realizó en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Como parte del programa de actividades organizadas en estos 16 Días de Activismo, la Magistrada Carrillo Gasca fue ponente en la mesa de Análisis de la Sentencia de Iliatenco relacionada con Violencia Política contras las Mujeres en Razón de Género, junto a Mauricio Huesca Rodríguez, Consejero Electoral del IECM y Adriana Leonel de Cervantes, Abogada Litigante; mientras que la moderación estuvo a cargo de Ernesto Ramos Mega, Consejero Electoral del IECM.
En su intervención, mencionó que a partir de los procesos electorales del año 2015, la denuncia de violencia política contra las mujeres por razón de género se volvió un tema prioritario para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y desde entonces, ha emitido diversos criterios que paulatinamente aumentaron su capacidad para conocer los casos, establecer medidas de reparación y, cuando así corresponde, determinar la consecuencia o confirmar las sanciones correspondientes.
“Pero es importante decir, que fue hasta abril de 2020, cuando en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en las leyes electorales se especificaron conceptos, prohibiciones, autoridades, así como procedimientos legales para juzgar en el ámbito político electoral casos de violencia por razón de género. Antes de eso no había un marco legal ni procedimiento preciso”, afirmó.
Por lo que reconoció, que a pesar de no existir un marco legal como el vigente, el TEPJF resolvió casos importantes de mujeres candidatas en campaña, pero también de candidatas electas y de mujeres a las que se les obstruyó, de diversas maneras, el ejercicio del cargo para el que habían sido electas o designadas. Los ejemplos abundan.
“Es evidente que el Estado mexicano llega con un significativo retraso al cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, sanción y erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres. En los casos de violencia política en razón de género, sobre todo cuando estos de resuelven en los tribunales electorales locales, los rezagos en materia de justicia se acentúan”, aseguró.
Señaló que aunque desde hace por lo menos seis años los tribunales electorales han conocido de casos relacionados con la violencia política de género y en 2016, se definió en la jurisprudencia del TEPJF la violencia política de género -jurisprudencia 48/2016-, el desfase en el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en esta materia son evidentes.
Aseguró que la lucha constante ante la impunidad de actos en contra de la mujer por razones de género, ha tenido como escenario principal a los tribunales electorales del país, los cuales han jugado un papel fundamental para erradicar esas prácticas en contra de la mujer al reconocer y garantizar una vida libre de violencia en el ejercicio de sus derechos políticos electorales.
La Magistrada Claudia Carrillo Gasca dijo que aún quedan retos por afrontar, y uno de los más importantes es legislar en todos los Estados a la Violencia Política como causal de nulidad. Además de implementar un centro de readaptación donde quien reciba el apoyo psicológico sea el victimario y no la víctima, porque quien recurre a la violencia contra la mujer por lo regular gesta estas conductas desde la crianza.
Expuso diversos casos de sentencias emitidas por el TEPJF, en las que se acredito la violencia política contra las mujeres en razón de género que sentaron precedentes en el país.