La Magistrada Claudia Carrillo Gasca imparte webinar a estudiantado de la UQROO

Chetumal, Quintana Roo a 13 de julio de 2020.- La Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca impartió el webinar “Violencia Política contras las Mujeres en Razón de Género. A la luz de la Reforma 2020”, ante alumnas y alumnos de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), campus Chetumal.

Participaron en esta conferencia 38 estudiantes de la licenciatura de derecho y José Walter Noé Guardado Rauda, profesor de Sociología Jurídica de la UQROO, campus Chetumal,

La Magistrada dijo que las mujeres mexicanas han recorrido un importante camino en la conquista y reconocimiento de sus derechos, en unos cuantos años.

“Desde 1953, hace casi 67 años, en que se aprobó el sufragio femenino hasta 2014 en que se consolidó la reforma constitucional en materia de paridad en candidaturas, se han tejido y entrelazado diversas historias llenas de esfuerzos, sacrificio, valentía, persistencia y resistencia ante los techos de concreto y de cristal, de los estereotipos y estigmas, que han fortalecido el espíritu de nosotras las mujeres, las que también hacemos historia y allanamos el camino para que las futuras generaciones encuentren mejores posibilidades para el desarrollo de sus talentos y el ejercicio de sus derechos”, afirmó.

Como parte de este recorrido histórico, señaló que el año 2018 marcó un hito en la historia de México no solo porque la población se volcó a favor de un proyecto de cambio y transformación, sino porque se rompió otro mito: los hombres no votan por mujeres.

“El mito se rompió y la paridad en el legislativo federal y local es una realidad, lo que significa que vamos con paso firme construyendo escenarios más igualitarios y equitativos para nuestro país”, aseguró.

Señaló que después de diversas reformas en materia de paridad y violencia política en razón de género, el pasado 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a diversas leyes generales, que buscan prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en especial, elevó a rango de Ley la Violencia Política en Razón de Género.

“Lo que se busca es que se garantice la plena participación de las mujeres en los asuntos públicos del país, pero en un ambiente libre de violencia política contra éstas”, indicó.

La Magistrada Carrillo Gasca afirmó que era urgente y necesario que la violencia política con elementos de género que se ejerce contra las mujeres, en elecciones o fuera de ellas, tuviera una formulación normativa, de tal forma que inhiba la concurrencia de esta práctica, que transforme la percepción discriminatoria que todavía existe acerca de la capacidad de las mujeres para la participación política y para ejercer un cargo público. Es por ello, además, lo valioso de la presente reforma.

Se pronunció porque en futuras reformas y adiciones para abonar más al tema sería de gran relevancia considerar que la existencia de violencia política de género dentro de un proceso electoral sea suficiente causa de nulidad de la elección donde participare la víctima como candidata.

Dijo que las mujeres están hechas para gobernar con valor y valores y se han construido en la brega continua, en la lucha no solo por los espacios y el voto, sino por el reconocimiento de sus capacidades y posibilidades de igualdad en oportunidades, derechos y gobernanza.

“A las mujeres nos espera un reto grande: incidir en políticas públicas que ayuden a la transformación de la vida de concuidadanas, niños, niñas, adolescentes y de los hombres”. Cuando las mujeres son parte de las decisiones, contribuyen a la paz, la justicia y la prosperidad”, indicó.

Comentó que, para lograr la eliminación de la violencia contra la mujer, no se requiere únicamente de leyes y sanciones, sino de transformar conciencias, sensibilizar a las autoridades y cambiar paradigmas y reeducarnos en el tema. Aunado a la implementación de políticas públicas en el orden social y cultural”.

Para finalizar, informó que resta que las y los legisladores estatales homologuen la reforma federal con las leyes de las entidades respectivas.