Chetumal, Quintana Roo a 21 de agosto de 2020.- Impartió la Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca la conferencia virtual “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género a la luz de las reformas del 2020” a invitación de Anahí González Hernández, Regidora de Turismo, Ecología y Medio Ambiente en el Municipio de Benito Juárez.
La Regidora González Hernández agradeció la disponibilidad de la Magistrada Carrillo Gasca para impartir esta importante plática en la que participaron unas mil personas, entre servidores y servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, activistas, abogados, periodistas, turisteros, ecologistas, líderes juveniles, estudiantes, del Colectivo de Mujeres Defensoras Digitales Quintana Roo, militantes del partido político Morena y ciudadanía en general.
Inició su intervención la Magistrada Carrillo Gasca exponiendo que, a mediados de abril de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma sobre Paridad y Violencia Política en Razón de Género que abarca 8 leyes, lo cual tendrá un impacto importante en la vida política electoral de México y que deberá aplicarse en el proceso electoral del 2021.
“Estamos en la cuenta regresiva en Quintana Roo para que el legislativo armonice la reforma federal con las leyes locales, porque ante las omisiones legislativas vigentes seguimos en indefensión en materia de violencia política contras las mujeres en razón de género”, afirmó.
Destacó que las mujeres mexicanas han recorrido un importante camino en la conquista y reconocimiento de sus derechos, en unos cuantos años.
“Desde 1953, hace casi 67 años, en que se aprobó el sufragio femenino hasta 2014 en que se consolidó la reforma constitucional en materia de paridad en candidaturas, se han tejido y entrelazado diversas historias llenas de esfuerzos, sacrificio, valentía, persistencia y resistencia ante los techos de concreto y de cristal, de los estereotipos y estigmas, que han fortalecido el espíritu de nosotras las mujeres, las que también hacemos historia y allanamos el camino para que las futuras generaciones encuentren mejores posibilidades para el desarrollo de sus talentos y el ejercicio de sus derechos”, afirmó.
Señaló que las reformas en materia de paridad y violencia política en razón de género, buscan prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en especial, elevó a rango de Ley la Violencia Política en Razón de Género.
“Lo que se busca es que se garantice la plena participación de las mujeres en los asuntos públicos del país, pero en un ambiente libre de violencia política contra éstas”, indicó.
La Magistrada Carrillo Gasca insistió en que era urgente y necesario que la violencia política con elementos de género que se ejerce contra las mujeres, en elecciones o fuera de ellas, tuviera una formulación normativa, de tal forma que inhiba la concurrencia de esta práctica, que transforme la percepción discriminatoria que todavía existe acerca de la capacidad de las mujeres para la participación política y para ejercer un cargo público. Es por ello, además, lo valioso de la presente reforma.
Se pronunció porque en futuras reformas y adiciones, para abonar más al tema sería de gran relevancia considerar que la existencia de violencia política de género dentro de un proceso electoral sea suficiente causa de nulidad de la elección donde participare la víctima como candidata.
Dijo que las mujeres están hechas para gobernar con valor y valores y se han construido en la brega continua, en la lucha no solo por los espacios y el voto, sino por el reconocimiento de sus capacidades y posibilidades de igualdad en oportunidades, derechos y gobernanza.
“A las mujeres nos espera un reto grande: incidir en políticas públicas que ayuden a la transformación de la vida de concuidadanas, niños, niñas, adolescentes y de los hombres”. Cuando las mujeres son parte de las decisiones, contribuyen a la paz, la justicia y la prosperidad”, indicó.
Comentó que, para lograr la eliminación de la violencia contra la mujer, no se requiere únicamente de leyes y sanciones, sino de transformar conciencias, sensibilizar a las autoridades y cambiar paradigmas y reeducarnos en el tema. Aunado a la implementación de políticas públicas en el orden social y cultural”.