En el Foro Virtual: “Análisis de la Reforma Político Electoral en Materia de Violencia Política y Paridad en Todo en la Ciudad de México”
Chetumal, Quintana Roo a 24 de septiembre de 2020.- La Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca participó como ponente en el Foro Virtual de Ciudad de México denominado el “Análisis de la Reforma Político Electoral en Materia de Violencia Política y Paridad en Todo en la Ciudad de México”.
Dicho evento fue organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo.
En su intervención, la Magistrada Carrillo Gasca señaló que el pasado 4 de septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, con el fin de materializar aún más las recientes reformas federales publicadas el 13 de abril de este año.
“La violencia política contra las mujeres ha sido un fenómeno reiterado y visibilizado en los recientes años, sobre todo a partir de que el principio constitucional de paridad de género es de observancia obligatoria para que las mujeres ejerzan de forma efectiva sus derechos políticos, y accedan debidamente a los cargos de decisión y de poder público”, refirió.
Dijo que ante la acreditación reiterada de casos que han configurado violencia política por razón de género contra de precandidatas, candidatas, presidentas municipales, síndicas, regidoras, y otras mujeres que ocupan diversos cargos públicos, ha sido necesaria la implementación de mecanismos y herramientas que sean suficientes para reparar y proteger los derechos vulnerados, así como para sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres.
“Por lo que, la conformación de listas que registren ciudadanos y ciudadanas que tengan en su contra sentencias que califiquen la existencia de violencia política en razón de género se consideren herramientas de verificación para que las autoridades puedan identificar a las personas infractoras”, afirmó.
Es decir, que las autoridades electorales, tanto locales como federales deben verificar si las candidaturas cumplen los requisitos previstos en la ley, entre otros, el de modo honesto de vivir y no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otros, agregó.
La Magistrada Claudia Carrillo Gasca expuso los antecedentes que dieron pie a que la Sala superior del TEPJF ordenará al INE la emisión de lineamientos para la creación de un registro nacional de personas sancionadas por violencia política por razones de género.
“La elaboración de la lista de infractores se debe entender como una medida apropiada para eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer en la vida política y pública del país, pues es una herramienta de verificación para que las autoridades tengan conocimiento de las personas que han incurrido en violencia política en razón de género”, explicó.
Dijo que esta determinación se complementa con los tratados internacionales de los que forma parte México, en los que se prevé el deber de implementar medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer en la vida política y pública del país.
Informó que serán los organismos públicos locales electorales y las autoridades jurisdiccionales competentes serán responsables de registrar la información relacionada con las personas sancionadas, en la forma y términos que establezca el INE, a través del sistema informático correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias.
“Las Salas del TEPJF y los tribunales locales deberán informar a las autoridades locales del ámbito territorial que corresponda, o bien al Instituto Nacional Electoral en razón de la competencia, las resoluciones en las que se sancione a una persona por conductas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos acordados en los mecanismos o convenios de colaboración que para tal efecto se celebren. Lo anterior, para que tanto los organismos públicos locales electorales como el Instituto Nacional Electoral realicen el registro correspondiente”, detalló.
Asimismo, dijo que las autoridades que conozcan de casos de violencia política contra mujeres por razón de género, tales como las autoridades penales, tanto en el ámbito administrativo, como jurisdiccional, también deberán informar al Instituto o al OPLE que corresponda, según su ámbito de competencia.
La información contenida en el Registro, será de acceso público, una vez que las sentencias o resoluciones sean firmes o causada ejecutoria, apuntó.
Por último, la Magistrada del TEQROO señaló que la naturaleza de las listas de infractores es una herramienta fundamental para fortalecer la política de prevención de violencia hacia las mujeres, asimismo, una medida de reparación transformadora cuya intención es ir más allá de su función restitutiva, una alternativa de justicia correctiva que busca una transformación democrática de la sociedad, que no solo enfrenta el daño padecido, sino también las condiciones sociales que han permitido su continuidad, para prevenir futuros daños.
Participaron también en este foro Kenia López Rabadán, Senadora de la República; Cynthia López Castro, Diputada Federal; Adriana Leonel de Cervantes Ascencio, Fundadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana; Carolina del Ángel Cruz, Consejera Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del IECM; Rosselvy Domínguez Arévalo, Consejera del Instituto Electoral del Estado de Tabasco; Martha Mercado Ramírez, Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; Georgina Cárdenas Acosta, Jefa de la Carrera de Sociología en la UNAM; Magdiel Hernández Tinajero, Ex Magistrado del Tribunal Electoral de Querétaro y Josefina Meza Espinosa, Defensora de Derechos Humanos.