Concluye el Programa de Diálogos por la Democracia con la mesa de análisis “El Derecho al Voto de las Personas en Prisión Preventiva”

Con la participación de panelistas del TEPJF, el INE y el Senado de la República

Chetumal, Quintana Roo a 28 de octubre de 2020.- Con la mesa de análisis “El Derecho al Voto de las Personas en Prisión Preventiva”, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) celebró el 11º y último Diálogo por la Democracia, con la participación de panelistas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Senado de la República, mismo que moderó el Magistrado Presidente, Víctor Vivas Vivas.

En este diálogo, se contó con la participación del Doctor Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la Doctora Adriana Favela Herrera, Consejera del Instituto Nacional Electoral y el Doctor Noé Castañón Ramírez, Senador del Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura.

El Magistrado Presidente, Víctor Vivas Vivas dio la bienvenida a la y los ponentes y agradeció a nombres de las Magistradas Claudia Carrillo Gasca y Nora Cerón González a todas y todos los que semana a semana estuvieron presentes en este Programa de Diálogos por la Democracia, con el cual se busca abonar a la divulgación de la cultura democrática.

Dijo que la Sala Superior del TEPJF, al resolver el paradigmático expediente SUP-JDC-85/2007, mejor conocido como caso Pedraza Longi, determinó que respecto al principio de presunción de inocencia, los derechos político-electorales de las personas sujetas a un proceso criminal, debían mantenerse intocados, siempre y cuando el ciudadano se encuentre libre bajo caución. Si bien este asunto fue de gran trascendencia en su momento, se mantuvo la prohibición para que las personas detenidas en prisión preventiva ejercieran su derecho al voto activo.

Agregó que esto quedó superado, con lo resuelto en el expediente SUP-JDC-352/2018, también conocido como caso Tsotsiles, en el cual se determinó que tanto el derecho al voto activo como el principio de presunción de inocencia están garantizados en la constitución federal y diversos tratados internacionales, por lo que vinculó al INE para que implemente las acciones necesarias a fin de que las personas sujetas a un proceso penal, que se encuentran en prisión preventiva y que no cuentan con una sentencia condenatoria, puedan ejercer su derecho a votar.

El primer panelista, el Doctor Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado de la Sala Superior del TEPJF habló del contexto y las diversas aristas que fueron atendidas en la sentencia SUP-JDC-352/2018 -en la cual fue ponente-. Agregó que se atendió el principio de presunción de inocencia para permitir a los demandantes ejercer su derecho al voto, al mismo tiempo que se resolvió instruir al INE a implementar de forma progresiva y paulatina una primera etapa de prueba, antes de las elecciones de 2024.

“Es verdad que será mucho el trabajo a realizar -por parte del INE-, porque no existe un padrón de personas en prisión que no hayan sido sentenciadas, pero será una gran noticia porque podremos tener rastros estadísticos de cuántas personas están en esta situación. Si bien, la sentencia no tenía este fin, me parece que va a tener a su vez una gran motivación, que es identificar el caso y la circunstancia de cada una de las personas que se encuentran en el sistema penitenciario, me parece que toma en cuenta lo más importante, los derechos humanos de este grupo que evidentemente esta en desventaja”, aseguró.

Reconoció que esta sentencia implicó un reto de interpretación, la posición del juez pasiva o activa de interpretación y análisis constitucional moderno, y ante estas dos opciones, los cuatro jueces -que votaron a favor- no se conformaron con una interpretación formal y anticuada, sino buscar fundamentalmente proteger a un grupo al que tradicionalmente se le han violado los derechos humanos.

“Es un tema de inclusión, es reconocer que las personas en prisión preventiva tienen ciudadanía y pertenecen a una comunidad política y de la que no deben desvincularse cuando son inocentes”, apuntó.

En su intervención la Doctora Adriana Favela Herrera, Consejera del INE dijo que la Sala Superior del TEPJF les ordenó eliminar obstáculos e implementar medidas que garanticen el derecho al voto activo de los presos no sentenciados, por lo que están trabajando en una primera prueba piloto para la elección federal de 2020- 2021, con miras a aplicar este programa en la elección federal del 2024.

“Para el proceso electoral del 2024, el INE determinará si personas en prisión preventiva votarán sólo en la elecc

Dijo que para la prueba piloto para la electoral 2020-2021, es necesario realizar un registro de votantes que deseen participar y será en 5 centro penitenciarios, uno por cada circunscripción electoral del país, es decir, se aplicará en Hermosillo, Sonora; Ocampo, Guanajuato; Buena Vista Tomatlán, Michoacán; Coatlán del Río, Morelos y Villa Comaltitlán, Chiapas. Y será a través del voto postal.

“Avanzar hacia la protección del derecho a votar de las personas en situación de prisión preventiva permitirá que México se ubique dentro de las buenas prácticas y estándares internacionales en la protección del derecho a votar de las personas en prisión preventiva”, aseguró.

Por su parte, el Doctor Noé Castañón Ramírez, Senador de la República señaló que presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción II y se adiciona la fracción III del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que busca proteger el derecho al voto activo y el respeto al principio de presunción de inocencia, que consagra el Sistema Penal Acusatorio, de no hacerlo, provocaría una continua violación a los Derechos Humanos.

Dijo que de acuerdo a cifras recabadas en 2018, por el Instituto para la Investigación de Políticas Penales del Reino Unido (World Prision Brief), en México se encontraba un total de población de 204 mil 422 recluida, de las cuales, 80 mil 442 se encontraban en prisión preventiva; es decir, casi el 40%, lo que habla de un grupo vulnerable y en desventaja, al no tener capacidad de incidir en las políticas públicas del país y es lo que busca la iniciativa, darles voz y voto.

“Es necesario permitir y garantizar una democracia participativa e incluyente a las personas que aún privados de su libertad ambulatoria, no han perdido su ciudadanía, dado que todavía se presumen inocentes”, apuntó.

El 11º y último Diálogo por la Democracia se transmitió en vivo a través del Facebook Live y el Canal de Youtube del Tribunal Electoral de Quintana Roo.