Chetumal, Quintana Roo a 27 de noviembre de 2020.- La Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca fue invitada a participar en el Conversatorio “Violencia Política contras las Mujeres en Razón de Género: Avances y retos”, organizado por el Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Zazial Ha que preside Erika Cornelio Ramos.
La Magistrada Carrillo Gasca participó en este conversatorio junto a otras panelistas invitadas, como son Cecilia Monzón Pérez, Abogada y Activista; Judith Rodríguez Villanueva, Diputada de las XVI Legislatura del Congreso del Estado y Thalía Hernández Robledo, Consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo.
El objetivo de este encuentro fue para conversar sobre los avances en materia de Violencia Política contras las Mujeres en Razón de Género e identificar los retos que tiene la implementación de los nuevos instrumentos normativos, a partir de las reformas sobre Paridad y Violencia Política de Género que incluye a diversas leyes en México y su homologación en Quintana Roo, las cuales tendrán un gran impacto en la vida político electoral del país, en especial en el Proceso Electoral 2020-2021.
La bienvenida a las panelistas estuvo a cargo de Erika Cornelio Ramos, así como la explicación de la dinámica de dicho Conversatorio.
En su exposición, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca afirmó que antes de las reformas en materia de Paridad y Violencia Política de Género, el país presentaba una importante incongruencia en materia de derechos político-electorales de las mujeres, lo que había traído consigo un aumento al número de mujeres violentadas en el ejercicio de sus cargos públicos, en la que incluso se conoce de candidatas, precandidatas, militantes o simpatizantes en acciones crueles desplegadas muchas de estas en el entorno de sus campañas o búsqueda de candidaturas. Quintana Roo no era la excepción ante tantas omisiones legislativas.
Dijo que en México, al igual que en otros países, se ha recorrido un camino largo para conseguir, en un principio, la aprobación de normas que permitan la participación de las mujeres en la competencia política y posteriormente, que sancionen los actos de violencia cometidos contra las mujeres por incursionar en los espacios públicos.
“Parte de esta violencia política es también las nuevas conductas como la Violencia Digital y la Calumnia Electoral, esta última es una infracción que imputa hechos o delitos falsos con el fin de denigrar o descalificar a otra persona y esta se ha convertido en una práctica común porque se cree que es la mejor estrategia para simpatizar con la ciudadanía, sin saber que esto es igual una forma de violencia política contra las mujeres en razón de género, de acuerdo a las últimas reformas federales”, explicó.
Al hablar sobre los avances en Quintana Roo sobre el tema, dijo que el Estado dio un gran paso al armonizar la reforma federal con la legislación local y será de gran relevancia para el Proceso Electoral 2021 y ante el confinamiento vivido a raíz de la pandemia por COVID-19.
Señaló que a las autoridades les corresponde dar a conocer los medios de impugnación disponibles en caso de actos de Violencia Política de Género, como es el Procedimiento Especial Sancionador en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, lo que ubica a Quintana Roo como el primer estado en implementarlo.
Afirmó que cada día se avanza más en el tema, en el país, al mencionar la aprobación por parte del INE de los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y el surgimiento del 3 de 3, contra la violencia hacia a las mujeres, con el fin de erradicar estas conductas que afectan a las mujeres.
“Estos instrumentos tanto administrativos como jurisdiccionales en la materia, son definitivamente garantistas y vanguardistas”, aseguró.
Comentó que el reto más importante para la implementación de estos instrumentos normativos es generar confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, de cara a la preparación del Proceso Electoral 2020-2021.
“Creo con certeza que, si como juezas y jueces no usamos lentes violeta, genuinos lentes con perspectiva de género, no se puede tener comprensión sensible de la situación y entorno que viven las mujeres que denuncian violencia; en consecuencia, no vamos a ser la solución a este problema, incluso se corre el riesgo de alejar la justicia”, puntualizó.