Recibe CAPA curso sobre “Blindaje Electoral y Equidad en la Contienda”
Chetumal, Quintana Roo a 15 de abril de 2021.- Personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo participaron en el curso virtual “Blindaje Electoral y Equidad en la Contienda”, mismo que impartió el Centro de Capacitación e Investigación Electoral del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
A través de videoconferencia, unas 111 personas que laboran en la institución pública se conectaron a esta plática que impartió Eliud de la Torre Villanueva, Jefe del Área de Investigación de la Unidad de Capacitación e Investigación del TEQROO.
El ponente explicó que existen una serie de lineamientos y criterios en materia de propaganda, imparcialidad de servidores públicos y uso de programas sociales, a través de los cuales se busca evitar que afecte la equidad de la contienda, así como la comisión de delitos electorales.
Expuso que es importante que como servidores públicos actúen con apego a derecho y eviten cometer un delito electoral, de ahí la importancia de saber qué hacer y qué no hacer durante un proceso electoral.
De igual manera, habló sobre la competencia de los delitos electorales por parte de las autoridades federales y estatales, las infracciones electorales, la promoción personalizada, los lineamientos para garantizar la equidad entre las y los participantes en la contienda durante los Procesos Electorales Locales y Federales 2020-2021 y el periodo de prohibición de difusión de propaganda gubernamental.
Asimismo, explicó sobre los criterios y jurisprudencia establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la participación de los servidores públicos en actos relacionados con sus funciones que tiene encomendadas, que no vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
De la Torre Villanueva indicó que el blindaje electoral es el conjunto de acciones preventivas que se deben llevar a cabo durante los procesos electorales para evitar que los servidores públicos incurran en faltas administrativas o en la comisión de algún delito electoral. Y tiene como objetivo, que los recursos públicos materiales, financieros y humanos no se desvíen con fines político-electorales, es decir, que se apliquen con imparcialidad y, con ello, se garantice la equidad en la contienda.