Chetumal, Quintana Roo a 19 de abril de 2021.- El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Víctor Vivas Vivas impartió de manera virtual la conferencia “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” al personal de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEGOB).
La Subsecretaria Jurídica de la SEGOB, Anaid Aranda Lara agradeció a las y los 112 servidores públicos presentes en este recinto virtual, porque para el Gobierno del Estado es prioritario que sigan trabajando en la constante actualización en todos los ámbitos y materias, que no descuiden ninguna de las trincheras y aprieten el paso para lograrlo.
“Siempre es necesario conocer como servidores públicos lo que debemos hacer para no incurrir en el error, logrando así cumplir lo que las leyes nos demandan”, afirmó.
Asimismo, a nombre del Secretario de Gobierno, Arturo Contreras Castillo dio la bienvenida al Magistrado Víctor Vivas Vivas y agradeció el que impartiera este tema de actual importancia como es el blindaje electoral y los delitos electorales. Posteriormente, leyó la síntesis curricular del ponente.
En su exposición, el Magistrado Electoral explicó en qué consiste el blindaje electoral y las restricciones a la propaganda gubernamental en periodos de campaña y hasta que concluya la jornada electoral; además de exponer jurisprudencias y tesis emitidas en esta materia. De igual manera, habló de sentencias dictadas por los tribunales electorales tanto federales como de Quintana Roo.
“Es importante que como servidores públicos conozcan sus derechos y obligaciones en los procesos electorales”, afirmó.
Dijo que como servidores públicos, deben evitar cometer un delito electoral y entre lo qué no debe hacer esta: Obligar al personal subordinado a asistir a eventos proselitistas, obligar al personal subordinado a votar o abstenerse de votar por alguna opción electoral, condicionar cualquier servicio o programa gubernamental con fi¬nes político-electorales, utilizar los recursos o instalaciones públicas con fines político-electorales, apoyar alguna opción electoral durante el horario laboral, solicitar a las personas subordinadas aportaciones para apoyar alguna opción electoral y negarse a proporcionar la información solicitada por las autoridades electorales.
Advirtió que estas conductas son sancionadas con destitución, inhabilitación de 2 a 6 años para ejercer cargos públicos, multa de 200 a 400 días y prisión de 2 a 9 años.
Recordó que en el Proceso Electoral 2018, la otrora FEPADE diseñó e implementó una Estrategia Nacional de Blindaje Electoral (ENBE), que permitió contar con un Programa Nacional de Blindaje Electoral (PNBE) homogéneo en todo el país, para prevenir la comisión de delitos electorales por parte de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.