Ser reconocido como un órgano público, eficiente y oportuno, garante de los derechos político electorales que proporciona servicios de asesoría y defensa legal en Quintana Roo, incluido lo relacionado a los procesos de participación ciudadana; con personal profesional comprometido con la ciudadanía, particularmente con los grupos de atención prioritaria, y con el respeto a los derechos humanos.